Fuente: (La Vanguardia)

La privatización de la red de abastecimiento de agua de la región de Barcelona está cada vez más cerca. La Generalitat espera conseguir aproximadamente, unos 600 millones de euros en el concurso para adjudicar la explotación de la red regional de suministro, en manos de la empresa pública regional Aigües Ter-Llobregat (ATLL). Aigües Ter-Llobregat (ATLL) gestiona el agua de los embalses y las potabilizadoras, y vende estos caudales a los ayuntamientos y compañías de suministro.

La Generalitat privatizará la gestión de Aigües Ter-Llobregat para poder frenar su sangría de deudas que ronda alrededor de unos 700 millones. El plan ya está muy maduro y en un plazo muy corto, el concurso público podría tener la luz verde del Gobierno. La privatización afectará a las plantas potabilizadoras de Abrera (Llobregat) y de Cardedeu (del Ter), a la desalinizadora de El Prat y a sus redes de conexiones. La concesión se prevé por 50 años, y la empresa adjudicataria deberá hacer el pago de los 600 millones (en compensación por adquirir el servicio) en un sólo pago. Fuera queda la potabilizadora de Sant Joan Despí (Llobregat), de Aigües de Barcelona.

Pero las empresas candidatas a tomar el servicio tendrán que realizar muchas cuentas para poder saber si la operación es viable, puesto que además de proporcionar los 600 millones al erario público, también deberán programar cómo poder pagar la deuda de ATLL y, a su vez, conseguir beneficios para recuperar la inversión. Los expertos evaluan que para cuadrar estas cuentas, el precio de la venta del agua de ATLL a los ayuntamientos debería incrementarse en un 150% o un 200%; y, además, los incrementos deberían hacerse con carácter inmediato. “Tal como se encuentran los mercados financieros, nadie iba a poner ese dinero sobre la mesa si la subida del agua, necesaria para recuperar la inversión, se demora”, dijeron las mismas fuentes.

El impacto sobre la tarifa final del suministro sería muy grande.

El recibo aumentaría un 50% o un 60% en Granollers y entre un 40% y un 50% en El Prat de Llobregat (todo dependiendo de las zonas geográficas y de los conceptos que se incluyan: alcantarillado, canon, tratamiento de basura…). Estas subidas tan desiguales podrían ser muy mal recibidas y causar otra guerra del agua, conflicto impulsado por las organizaciones vecinales contra las subidas del recibo derivados de la introducción del canon del agua en los años noventa.

La privatización tiene además, serias resistencias en sectores del PSC y otros ámbitos sociales. Muchos de ellos aceptan la privatización como un mal menor inevitable: como una urgencia, vista la precariedad económica de la Administración catalana; pero no ven de buen agrado que el dinero que obtenga la Generalitat no vaya al ciclo de la gestión del agua. La idea que se abre paso en la Generalitat es que estos recursos no irían de manera directa a saldar la deuda del agua, sino que iría a otras finalidades. Ese hecho, más el poco relieve político que dieron el tripartito y el ICV a este problema financiero, ha ido ensanchando la bola de nieve de la deuda, tanto de Aigües Ter-Llobregat como de la Agència Catalana de l’Aigua, hasta unos límites más que peligrosos.

El endeudamiento de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) es el resultado de haber hecho grandes inversiones (interconexión de aguas de Llobregat y del Ter, ampliación de la potabilizadora Abrera, una parte de desalinizadora de El Prat) sin la ayuda tarifaria o de presupuestos de la Generalitat. Francesc Baltasar, ex conseller de Medi Ambient, se negó en su día a aumentar la tarifa un 14,5%, pese a que ya lo había aprobado su consejo de administración y pese a la opinión favorable de los expertos.

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